Implementar medidas de urgencia contra la pobreza energética.

A LA MESA DEL SENADO

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea, de acuerdo con lo establecido en los artículos 174 y 175 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación de la siguiente Moción ante el Pleno, por la que se insta al Gobierno a implementar medidas de urgencia contra la pobreza energética.

 

Exposición de motivos

Disponer de agua, luz y gas en el hogar es una cuestión básica para poder vivir con dignidad. Sin embargo, a día de hoy, según la Encuesta de Condiciones de Vida, alrededor de un 15% de la población de España sufre pobreza energética, es decir, tiene dificultades severas para poder pagar las facturas de estos suministros. Se calcula que el año pasado dos millones de familias sufrieron cortes de suministro al no poder hacer frente a los recibos, y se estima que ello causó entre 2.300 y 9.000 muertes prematuras. La pobreza energética tiene un impacto profundo en la vida de las personas y puede influenciar en su esperanza de vida.

Según la última Encuesta de condiciones de vida del INE, más de uno de cada diez hogares no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada (11,1%) y el porcentaje prácticamente se ha doblado durante la crisis (en 2008 eran el 6,2%). Las consecuencias de la pobreza energética son múltiples: la falta de calefacción afecta a la higiene, la salud (dilema «heat or eat», afecciones respiratorias, etc.) y, a menudo, genera sobremortalidad y sobreendeudamiento, así como aislamiento social y geográfico.

Según el estudio “Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética” presentado por la Asociación de Ciencias Ambientales este 2016, 5,1 millones de personas pasan frío en invierno, un millón de personas más que en 2014.

Y es que la pobreza energética se puede definir como aquella situación que sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda.

Además, se trata de un fenómeno in crescendo, pues mientras el desempleo y la crisis económica merman el poder adquisitivo de la ciudadanía, los servicios básicos como la electricidad, el gas o el agua, cuyos precios se han encarecido sin tregua, están acaparando cada vez mayor proporción del presupuesto familiar.

El Estado español carece de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la pobreza energética que sufren cada vez más familias y hogares; una política para garantizar unos consumos mínimos vitales a todas las familias en función del número de miembros y según los periodos estacionales.

Si bien es cierto que todas las compañías suministradoras aseguran disponer de bonos sociales para las familias más desfavorecidas, estos bonos no tan solo son insuficientes sino que a menudo provocan que quien más los necesite se quede fuera. El Estado debería mejorar el actual bono social, para tener en cuenta también las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares y no sólo la potencia contratada o la situación familiar/laboral. También habría que valorar la posibilidad de establecer un bono social para el gas butano, como ya hacen otros países.

Lo cierto es que la electricidad y el gas cuestan en España más que en la mayoría de países europeos. Según Eurostat, la electricidad que pagan los ciudadanos de este país es la cuarta más cara de toda Europa, solo por detrás de Irlanda, Dinamarca y Alemania, y no para de crecer; desde 2008, la factura del gas se ha incrementado en un 67% y la de la luz un 73%.

La Unión Europea también comparte el diagnóstico, y ya en las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del mercado interior de electricidad y gas, respectivamente, plantean exigencias que obligan a los Estados Miembros a adoptar medidas para abordar el fenómeno de la pobreza energética.

El Dictamen del CESE —Comité Económico y Social Europeo— de 2011 sobre «La Pobreza Energética en el contexto de la liberalización de la crisis económica» ya señalaba por entonces que la pobreza energética es una nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles y propone que la pobreza energética se tenga en cuenta a la hora de elaborar cualquier política energética.

En el mismo sentido, el Dictamen del CESE de 2014 «Por una acción europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética» manifiesta que la energía es un bien común esencial, debido a su papel indispensable en todas las actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano/a tener una vida digna, mientras que carecer de él provoca dramas. Añade que la pobreza energética mata física y socialmente. En Europa afecta a más de 50 millones de personas (Proyecto europeo «European Fuel Poverty and Energy Efficiency»).

Esta situación intolerable tiene que cambiar. De ahí que Europa exhorte a emprender acciones urgentes y el CESE abogue por un Compromiso Europeo de Seguridad y Solidaridad Energéticas para fomentar una auténtica política europea de lucha contra la pobreza energética.

A todo esto, es urgente limitar los precios de la energía para el conjunto de la ciudadanía. Un informe de FACUA-Consumidores en Acción, que explica que el usuario medio ha pagado en 2015 unos 400 euros más de luz que en 2005, responsabiliza de la descomunal subida “a las políticas energéticas de los sucesivos gobiernos, plegadas a los intereses de las grandes eléctricas”.

Así, mientras ayuntamientos, Comunidades Autónomas y entidades sociales incrementan los esfuerzos y las ayudas destinadas a urgencia social, y concretamente las referidas al pago de facturas de gas, luz y agua, las grandes compañías de suministro continúan obteniendo beneficios millonarios. Las tres grandes compañías eléctricas que operan en España (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) acumulan unas ganancias de 56.624 millones de euros desde que comenzó la crisis. Tomando el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el tercer trimestre de 2015 (último del que hay datos), su beneficio neto asciende a más de veinte millones diarios. Así pues, al mismo tiempo que ordenan el corte de suministros por deudas irrisorias, al mismo tiempo que la factura de la luz no deja de subir, las empresas suministradoras de servicios básicos reparten miles de millones en dividendos a sus accionistas. Eso, con un servicio que por su naturaleza debiera ser público.

Un apunte aparte merecen los propietarios de centrales amortizadas, sean hidroeléctricas o nucleares, que venden la luz al precio de la energía generada por la última tecnología que entra, normalmente más cara.

A todo esto, es hora de que se afronte la reforma en profundidad de la legislación del sector eléctrico y energético. La reforma ha de significar una transición hacia un modelo energético limpio, fundamentado en las energías renovables y el autoconsumo, y para ello en esta moción planteamos la imprescindible realización de una auditoria del sector eléctrico, y que esta sea realizada por actores independientes y con acceso a todos los datos.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea presenta la siguiente:

MOCIÓN

El Senado insta al Gobierno a dar un giro en su política energética empezando por erradicar la pobreza energética, a partir de las siguientes acciones urgentes:

  • Dar prioridad a la concepción de bien público de la energía estableciendo garantías para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales a un precio justo.
  • Regular el sistema de suministros básicos del hogar para establecer tarifas progresivas que incentiven el ahorro, penalicen el consumo ineficiente con elementos de fiscalidad energética y consideren la renta como criterio principal a la hora de establecer precios sociales favorables para las familias en función de los ingresos económicos.
  • Legislar la prohibición de los cortes de suministros a las primeras viviendas aplicando el principio de precaución, de manera que no puedan llevarse a cabo suspensiones de los mismos hasta que no existan informes previos emitidos por los servicios sociales competentes que determinen el grado de vulnerabilidad de las familias y su capacidad económica. Al mismo tiempo, incorporar la garantía de suministro en momentos críticos: se establecerá una tregua invernal.
  • Ampliar el bono social para aquellos hogares en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, para quienes los suministros básicos de electricidad y gas se regularán mediante un sistema público de precio social. En todo momento existirá el derecho a unos consumos mínimos vitales en cómputo mensual, en función del número de miembros del hogar y de las estaciones del año. Su concesión se basará en la renta familiar a través de unos criterios claros, transparentes y homogéneos, y será válido tanto para domicilios de compra como de alquiler.
  • Responsabilizar a las empresas a la hora de garantizar un suministro mínimo, descuentos en las facturas y bonos sociales. El precio social no implicará un gasto presupuestario extraordinario para las administraciones públicas competentes y tampoco se podrá repercutir sobre las personas usuarias, corriendo a cargo de las compañías suministradoras de energía.
  • Apoyar toda iniciativa que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos desarrollen en esta dirección, y coordinar acciones contra la pobreza energética con las distintas administraciones, así como con asociaciones de consumidores, asociaciones ecologistas, entidades sociales, expertos y expertas en la materia y empresas suministradoras.
  • Exigir a las empresas suministradoras una mayor y mejor información acerca de los conceptos incluidos en la factura, los servicios energéticos contratados, medidas de eficiencia energética y disponibilidad de bonos sociales. Publicar trimestralmente, por parte de las empresas suministradoras, información sobre el número de consumidores que no pueden abonar la factura, así como el número de consumidores que se ven afectados por cortes de suministro.
  • Aplicar un tipo de IVA del 4% (primera necesidad) para el agua, el gas y la electricidad de las primeras viviendas, para hacer frente a la pobreza energética. Para ello, se modificará la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, añadiendo un nuevo epígrafe al número 2 del apartado uno del artículo 91. Y para ello, se informará a la Comisión Europea, en aplicación del artículo 102 de la Directiva 2006/112/CE.
  • Realizar urgentemente una auditoría sobre el conjunto del sistema del sector eléctrico y sobre los costes reales del sector. La auditoría del sector eléctrico debe ser realizada por actores independientes y con acceso a todos los datos. A su vez, realizar una auditoría específica sobre el déficit de tarifa, su origen y su legitimidad.
  • Recoger el cambio de política que inspira esta Moción en una Ley estatal del Sector Eléctrico y trabajar en un plan de transición hacia un nuevo modelo energético que priorice la ecología, las energías renovables y el autoconsumo.

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